El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante, destacó el acuerdo voluntario entre el gobierno y gasolineros para fijar el precio del diésel en 27 pesos por litro, al asegurar que se trata de un esfuerzo conjunto del Estado y la iniciativa privada para beneficiar a las familias mexicanas.
En entrevista para Albavisión, explicó que, aunque el acuerdo no es obligatorio, existe un “andamiaje institucional” que permite hacerlo viable. Señaló que Petróleos Mexicanos fija precios más bajos a distribuidores, mientras que la Secretaría de Hacienda aplica subsidios al IEPS y se acordaron reducciones en comisiones bancarias y de empresas de vales.
“Entonces, es todo un andamiaje institucional para beneficiar a las familias mexicanas… todas estas ventajas o todos estos esfuerzos que está haciendo el Estado Mexicano, pues es en beneficio de las familias no es para que los gasolineros ganen más dinero”, afirmó.
Escalante detalló que Profeco cuenta con mecanismos de verificación para supervisar el cumplimiento, como revisiones por comportamiento comercial cuando detectan precios elevados y operativos para comprobar que se despachen litros completos. También advirtió que colocarán lonas en estaciones que no justifiquen precios altos.
“Nosotros podemos acudir a cualquier gasolinera… solicitamos información y si el establecimiento no nos justifica porque están vendiendo tan caro, nosotros iniciamos un procedimiento de advertencia”, explicó.
Sobre las críticas de algunos pertenecientes al sector gasolinero, que señalan que el precio de 27 pesos reduce sus ganancias, Iván Escalante fue tajante. El titular de Profeco aseguró que el acuerdo no afecta el margen de ganancia de los empresarios, ya que los ajustes se han hecho desde el lado del suministro y los impuestos. Indicó que el esquema ya ha mostrado resultados en acuerdos previos, como el de la gasolina regular en 24 pesos, donde se registra un cumplimiento cercano al 93%.
“Mira, yo no conozco a ningún gasolinero pobre… lo que creemos es que son personas abusivas que quieren aprovecharse de todo este esfuerzo que está haciendo el Estado Mexicano”, sostuvo.
En cuanto al costo para las finanzas públicas, reconoció que el gobierno destina entre 2 mil 500 y 3 mil millones de pesos semanales para mantener los precios.
“Si nosotros estamos dejando de percibir como estado todos estos recursos para poder poner el combustible más barato para la gente, pues entonces cada quien haga su parte”, señaló.
Finalmente, el titular de Profeco explicó que el objetivo inmediato es estabilizar el precio del diésel en 27 pesos y posteriormente evaluar si puede reducirse aún más, dependiendo del contexto internacional y de las finanzas públicas. También aclaró que la gasolina premium no está incluida en estos acuerdos debido a su menor consumo y al mayor costo que implicaría subsidiarla.