De acuerdo al politólogo y consultor José Luis Gálvez Gómez, el combate a la corrupción no es solo una tarea de las instituciones, sino una responsabilidad compartida que requiere de una voluntad política firme y, sobre todo, de una sociedad civil activa y vigilante.
El consultor en administración pública, destacó la importancia de la denuncia ciudadana para enfrentar este problema estructural.
José Luis Gálvez Gómez / politólogo y consultor en administración pública
“Es un problema que degrada las relaciones en la sociedad. Todos participamos en algún momento, y es vital entender que esto afecta el desarrollo de la nación”.
Para el especialista, la corrupción no se limita exclusivamente a las altas esferas del poder, sino que permea diversas capas de la vida cotidiana.
Reconoció que, aunque México y Chiapas enfrentan desafíos persistentes ubicándose la entidad en una posición crítica dentro del ranking nacional, existen esfuerzos coordinados bajo la administración del gobernador Eduardo Ramírez para combatir este flagelo.
Necesitamos que la sociedad denuncie a los funcionarios que cometan actos ilícitos. La voluntad política existe, pero sin el respaldo y la voz de la ciudadanía, el esfuerzo se queda incompleto”.
Subrayó que los índices internacionales sitúan a países como Finlandia y Dinamarca a la vanguardia en transparencia, mientras que México se mantiene en una posición distante. Esta brecha, aseguró, solo puede cerrarse combinando la investigación de datos reales, como los que ofrece el INEGI, con una vigilancia constante en el sector empresarial y el servicio público. 
A pesar del panorama complejo, resaltó que en Chiapas se han implementado mecanismos modernos para cerrar el paso a las malas prácticas como la digitalización: Uso de nuevas herramientas tecnológicas para transparentar compras y recursos y el fortalecimiento de instituciones, en este caso: la labor de la Secretaría de Anticorrupción y organismos como “Transparencia para el Pueblo”, donde el consultor ha colaborado activamente.
El consultor fue enfático al señalar que la participación social es el motor del cambio. El camino hacia una administración pública eficiente y honesta depende de una cultura de legalidad que involucre a todos los sectores por igual.