Este viernes, desde la Presidencia se presentaron las leyes secundarias que se discutirán en el Congreso de la Unión y que servirán para armonizar la reforma judicial. Las leyes que se pretende modificar son el Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Código Fiscal de la Federación y la Ley de Amparo.
Durante la mañanera se detalló que el objetivo de reformas es garantizar el acceso a la justicia estableciendo plazos claros, proteger el orden público y el interés social, incorporarndo nuevas tecnologías y ajustando recursos fiscales.
Entre las leyes ya que están en el Senado está el Código Nacional de Procedimientos Penales, que incluye medidas de protección para juzgadores en casos de delitos delincuencia organizada, además de la armonización del catálogo de conductas en materia de prisión preventiva.
“Se incluyen las medidas necesarias de protección para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras en los casos de los delitos de delincuencia organizada. Se armoniza el catálogo de conductas en materia de prisión preventiva en relación con el artículo 19 constitucional, delitos que fueron incorporados y que no se encontraban en estas leyes”, detalló Ernestina Godoy, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal.
En cuanto a la reforma a la Ley de Amparo que ha causado polémica, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que no se trata de quitarle el acceso a la justicia a nadie, pero que la ciudadanía ha abusado de los amparos.
“Sí se ha usado mucho el amparo, ahora es evidente que el amparo es indispensable en el país, el ciudadano, la ciudadana, tiene que tener instrumentos jurídicos que le permitan defenderse ante acto de autoridad, eso nadie lo pone en duda, el problema es el abuso de esta figura”.
Por su parte, Arturo Zaldívar, Coordinador de Política y Gobierno y exministro, precisó que el juicio de amparo está garantizado en la Constitución y constituye el medio de defensa por excelencia, y que ahora se busca que establezca elementos, contenido y alcance para la procedencia del juicio mismo, así como plazos y términos para una justicia pronta que tenga claridad en el cumplimiento y ejecución de las sentencias.
“Hay que aclarar, porque se está reiterando una narrativa de que esta reforma al amparo es regresiva y busca limitar el acceso de defensa de las y los mexicanos. Esto es absolutamente falso. Se busca hacer un juicio de amparo más ágil, más eficaz, tecnológico, donde haya una justicia digital”.
Como ejemplo puntual de por qué se debe modificar la Ley de Amparo, el exministro Zaldívar detalló que ha causado ruido el tema de que no proceda la suspensión del bloqueo ordenado por la UIF a cuentas bancarias, en este sentido, explicó que la historia del amparo ha sido un ejercicio de equilibrio entre una adecuada defensa de los derechos de las personas y la no afectación del interés público a través de la figura de la suspensión y con base en esto, las leyes de amparo se han modificado cuando hay abusos por parte de personas que utilizan la figura para violar la ley o no pagar impuestos.
“Pero cuando ya hay un crédito fiscal en cualquier país del mundo que tenga sistemas jurídicos que funcionen, no se puede seguir promoviendo juicios o interponiendo recursos por años y por años y por años en perjuicio de la colectividad. Entonces, de alguna manera, esta era una distorsión que se había venido dando en nuestro sistema desde hace mucho tiempo, que ahora se trata de aclarar, se trata de subsanar, sin afectar las defensas de los particulares, pero dándole una racionalidad a esta defensa para que no se vayan por años y por años los juicios, cuando ya la corte determinó que hay una persona física o moral que debe una cantidad específica por cuestión de impuestos”.
Para la modificación a la Ley de Amparo, hay senadores que ya han propuesto que se hagan parlamentos abiertos para que los cambios sean discutidos con especialistas y con la participación de la sociedad civil.