Con la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026, el Senado de la República garantiza el financiamiento para los programas de bienestar, lo que podría traducirse en un mayor apoyo a las áreas de salud, educación y seguridad en los estados, destacó la senadora por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes.
La legisladora explicó que la minuta aprobada contempla una recaudación total de 10 billones 193 mil 683 millones de pesos, sustentada principalmente en los ingresos tributarios, que alcanzarán los 5.8 billones de pesos, es decir, un nuevo máximo histórico equivalente al 15.1 por ciento del PIB nacional.
Asimismo resaltó que esta Ley de Ingresos no sólo busca fortalecer las finanzas públicas del país, sino mantener los programas sociales que benefician a más del 80 por ciento de las familias mexicanas, con una inversión equivalente al tres por ciento del Producto Interno Bruto.
Subrayó que el paquete económico prevé un incremento de más de 519 mil millones de pesos respecto al cierre estimado de 2025, derivado principalmente del crecimiento en la recaudación fiscal y los ingresos del sector público. Además que se busca dar estabilidad financiera al país, pero también ofrecer certidumbre a los estados y municipios.
La integrante de la Cámara Alta destacó además que se incluyen disposiciones orientadas a fortalecer la transparencia, eficiencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos, como la actualización de tasas de recargos para fomentar el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales y la obligación de Pemex de presentar sus contribuciones directamente ante la Tesorería de la Federación.
“Más allá de los números, esta Ley de Ingresos debe entenderse como un instrumento de equilibrio, por un lado, asegura estabilidad económica; y por otro, faculta al Gobierno Federal a distribuir los recursos con visión federalista, para que lleguen realmente a los estados y municipios que más lo necesitan”.
Finalmente, la senadora michoacana consideró que el reto para 2026 será convertir estos ingresos en políticas públicas efectivas, que atiendan la desigualdad y fortalezcan la infraestructura social del país.