En sesión ordinaria, las y los diputados del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad tres dictámenes que actualizan y fortalecen el marco jurídico en materia de seguridad pública, anticorrupción y obras públicas, con el objetivo de profesionalizar a las instituciones, mejorar la confianza ciudadana y garantizar mayor transparencia en el ejercicio gubernamental.
El Pleno avaló reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, con las cuales se modernizan los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, permanencia, certificación, promoción y régimen disciplinario de las policías estatales y municipales.
Las modificaciones incorporan nuevas técnicas de investigación basadas en el modelo federal, impulsando la creación o reestructuración de unidades de inteligencia y un modelo de inteligencia proactivo y coordinado, orientado a fortalecer la capacidad operativa y la confianza ciudadana mediante cuerpos policiales mejor preparados.
El dictamen también incluye elementos clave como, la creación de las Mesas de Paz; implementación del Servicio Profesional de Carrera para el Sistema Penitenciario y la Integración de la Policía de Investigación dentro de las corporaciones de seguridad.
Asimismo, el Congreso aprobó reformas a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco, particularmente en lo relativo a la integración del Comité de Participación Ciudadana, que podrá estar conformado hasta por cinco ciudadanos de probidad reconocida. Las y los integrantes deberán distinguirse por su compromiso social, su experiencia en temas de interés público y su contribución a la rendición de cuentas o al combate a la corrupción.
Finalmente, se avaló un dictamen que reforma y adiciona disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, con el propósito de elevar la calidad de las obras y promover un ejercicio gubernamental más eficiente y transparente.
Entre los cambios más relevantes se establece que la Secretaría Anticorrupción será la encargada de emitir políticas, bases y lineamientos para los procedimientos de contratación, así como de promover la estandarización de las contrataciones públicas que deberán observar todas las dependencias y entidades. Además, se contempla la creación del Registro Único de Contratistas, con el fin de consolidar un esquema más ordenado, confiable y verificable.