Las y los diputados del Congreso del Estado de Yucatán podrían enfrentar una multa de hasta 269 mil pesos por incumplir una sentencia relacionada con la despenalización del aborto, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con reportes, la sanción económica sería consecuencia del desacato a una resolución judicial que ordena modificar el artículo primero de la Constitución estatal, el cual aún mantiene la protección de la vida desde la concepción, pese a haber sido considerado inconstitucional.
El proceso deriva de un amparo que obligaba al Congreso local a armonizar su marco legal en materia de derechos reproductivos. Aunque en 2025 se aprobaron reformas al Código Penal para permitir la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas, la sentencia no se ha cumplido en su totalidad, ya que no se ha modificado la Constitución estatal.
Esta omisión ha sido interpretada como un cumplimiento parcial, lo que mantiene vigente un marco legal contradictorio y ha generado señalamientos de desacato por parte de autoridades judiciales y organizaciones civiles.
Desde 2024, la SCJN determinó que las legislaturas estatales deben eliminar normas que criminalicen o limiten el acceso al aborto, al considerarlo un derecho vinculado a la salud y la autonomía reproductiva.
Ante este contexto, la advertencia de una sanción económica busca presionar a las y los legisladores para cumplir de manera integral con la resolución judicial. De no hacerlo, podrían aplicarse multas individuales que, en conjunto, alcanzarían los 269 mil pesos.