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Activistas piden no criminalizar la denuncia de mujeres y medios de comunicación en redes.

Ante la iniciativa del Congreso para sancionar la difusión de material de violencia o agresión sexual en redes sociales, activistas y defensoras de derechos de las mujeres pidieron que la legislación sea específica y no criminalice la forma en que muchas víctimas visibilizan la violencia para exigir atención.

La discusión se reactivó luego de casos que circularon en redes, incluido el de un menor en Los Altos de Chiapas y que el congreso de Chiapas analice de implementación de nuevas medidas para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes.

Elsa Simón Ortega, fundadora Organización civil por la superación de la mujer en Tapachula. 

“Una agresión sexual definitivamente no se puede ni se debe exhibir. Eso no puede ser. Pero las violencias en contra de las mujeres no se les puede quitar el derecho a difundirlas, porque es la forma en que ellas han hecho que se les dé atención”.

Señaló que muchas mujeres recurren a redes sociales cuando las instituciones no responden. Para ellas, exhibir golpes, amenazas o acoso ha sido una herramienta para que autoridades volteen a ver los casos.

 “El Congreso no puede generalizar. Tiene que ser específico qué es lo que no se puede hacer. El interés superior de una niña, de un niño y de una adolescente no se puede difundir, pero de las mujeres adultas no se tiene por qué poner todo en el mismo lugar”

 

Advirtió que una ley mal redactada podría sancionar también a medios de comunicación y a las propias víctimas que buscan justicia. Pidieron diferenciar entre la difusión de agresión sexual, que revictimiza, y la difusión de otro tipo de violencias como denuncia social.

 “Nosotras como activistas siempre estamos diciendo cuántas violencias llevamos, cómo están las mujeres. Que me digan que yo no lo puedo hacer, definitivamente no. Callar la violencia no es la solución”

Exigió que la reforma incluya protocolos para bajar contenido que revictimice, sanciones a quien graba y difunde agresiones sexuales, y al mismo tiempo garantías para que las mujeres puedan denunciar sin miedo a ser criminalizadas.