La Fiscalía General de la República informó que, respecto a la solicitud de autoridades de Estados Unidos para detener de manera provisional, con fines de extradición, a 10 ciudadanos mexicanos; tras un primer análisis se determinó que no cumple con los requisitos legales, ya que no acredita la urgencia ni presenta pruebas suficientes que justifiquen la detención.
“En el pedimento que nos ocupa, no hay ninguna referencia. No hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el por qué de la urgencia de la detención provisional. Igualmente, advertimos, en una primera distancia que no existen pruebas anexas al pedimento de referencia”, detalló el titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR, Raúl Jiménez Vázquez.
El titular aclaró que la solicitud de Estados Unidos no se trata de un proceso formal de extradición, sino únicamente de una medida cautelar y que no contiene motivos, fundamentos ni evidencias para realizar la detención provisional.
“Es importante aclarar a la opinión pública nacional, que no se trata de un procedimiento de extradición formal como tal, sino que estamos en presencia de una solicitud de otorgamiento de una medida cautelar con fines de extradición. Nuestra obligación es la procuración de justicia con base en la atribuciones y facultades que nos se otorgan”.
Además, agregó que esta medida implica una restricción a derechos humanos, por lo que solo puede autorizarse bajo criterios estrictos establecidos en el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos y en la legislación nacional y advirtió que la difusión pública del caso podría poner en riesgo el debido proceso.
Ante ello, la FGR solicitará formalmente a las autoridades estadounidenses que envíen toda la documentación, pruebas e información necesarias, bajo mecanismos de confidencialidad, para poder realizar un nuevo análisis y fijar una postura institucional. Jiménez Vázquez detalló que, en caso de que posteriormente se presente una solicitud formal de extradición, el proceso deberá seguir su curso legal ante la cancillería y el Poder Judicial, incluyendo la posibilidad de impugnaciones mediante amparo.
“Por las razones anteriores, la Físcalía General de la República enviará una comunicación a la cancillería para que se solicite a la autoridad requiriente todas las pruebas, argumentos, informes, documentos que sean necesarios. Por las vías que garanticen la confidencialidad de la información para que la fiscalía esté en aptitud de analizar la documentación y con ello fijar un posicionamiento de carácter institucional”.
Los 10 mexicanos señalados por autoridades de Estados Unidos son: Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Enrique Inzunza, senador y exsecretario general de Gobierno; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Saavedra, fiscal general adjunto; Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefes de la Policía de Investigación; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; y Juan Valenzuela Millán, excomandante de alto rango.
De acuerdo con la acusación, los implicados enfrentarían cargos por conspiración para el tráfico de drogas y delitos relacionados con armas, al ser señalados de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa para facilitar el trasiego de narcóticos hacia Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses sostienen que, desde sus cargos públicos, habrían brindado protección al grupo criminal, permitido sus operaciones y recibiendo beneficios, incluidos presuntos sobornos.
La FGR reiteró que mantiene investigaciones en territorio nacional y que cualquier determinación se tomará conforme a la ley, con base en pruebas y en defensa de la soberanía nacional.