Después de que el gobierno de Perú anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con México, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que, aunque las relaciones diplomáticas se rompen a decisión de Perú, sí se mantienen las relaciones consulares y comerciales. Sin embargo, la mandataria criticó la decisión del gobierno peruano.
“Desde nuestra perspectiva está fuera de toda proporción, pero es una decisión que ellos toman. Ayer la embajadora de México, o bueno, la responsable de la embajada allá preguntó a la cancillería y le dijeron que no se rompía la relación consular, sino solo la diplomática de embajada a embajada. Vamos a esperar de todas maneras a recibir la notificación porque solamente la conocemos por las declaraciones”.
La ruptura de relaciones se anunció por parte de Perú con la queja de que México brindó asilo político a Betsy Chávez Chino, quien fue la primera ministra de Perú, es decir, la funcionaria de mayor jerarquía en el gabinete del expresidente Pedro Castillo. En este sentido, la presidenta Sheinbaum reiteró el apoyo de México al juicio en contra del expresidente peruano.
“Lo que se hizo entonces y lo defendemos ahora es que fue totalmente injusto la detención de Pedro Castillo y que en realidad correspondió a un tema político que venía desarrollándose desde hace tiempo y también de una visión de mucha discriminación. de mucha discriminación de parte de lo que era la clase política de Perú. Siempre lo manifestamos, aquí asilamos a su familia y cuando esta canciller, que estuvo presa, la liberan y decide pedir asilo a México, se evalúa aquí en México como se evalúan todas esas peticiones y entra a la embajada de México en Perú, donde hasta el momento permanece”.
El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, detalló que la decisión de México para darle asilo político a Betsy Chávez se basa en tratados internacionales como el artículo cuarto de la convención de Caracas que indica que corresponde al estado que otorga el asilo el calificar el delito o los motivos de la persecución para otorgar o rechazar la solicitud. También hay una resolución de las Naciones Unidas que establece que el otorgamiento de un asilo político no se considera como un acto de inamistad.
“Nuestra Constitución en su artículo 11 establece claramente también el tema del asilo político. Dice que toda persona tiene derecho a buscar y a recibir asilo y que esto se realizará conforme a los tratados internacionales de los que somos parte y que nuestra ley regulará sus procedencias y excepciones, cosa que está regulado en la ley sobre el refugio, protección complementaria y asilo político que está vigente en México. En términos de esa ley, se hizo una evaluación por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Gobernación y se decidió otorgar el asilo a la señora Chávez”.
Por su parte, el director para América del Sur y exembajador de México en Perú, Pablo Monroy, detalló que el proceso en contra de Betsy Chávez está lleno de irregularidades que son equivalentes a violaciones a derechos humanos, y fue por esto que México otorgó el asilo y afirmó que el gobierno mexicano nunca ha intervenido en asuntos internos de Perú, y que tampoco ha tomado medidas como la declaración de persona non grata al embajador o a los presidentes.
“México no interviene y no ha intervenido en asuntos internos del Perú y tampoco ha actuado en reciprocidad contra medidas extremas y desproporcionadas que se han tomado desde el gobierno peruano. No hemos intervenido indebidamente en los asuntos internos porque ninguna posición de México y ninguna de las acciones o declaraciones obliga al Perú, es decir, tiene una fuerza coercitiva para obligar al Perú a modificar sus decisiones. La de México es una posición de principio y es congruente con su sólida historia de política exterior y de asilo y refugio”.
Cabe recordar que este conflicto viene desde diciembre de 2022, cuando Pedro Castillo intentó disolver el Congreso de Perú y en respuesta, fue destituido. La decisión de Castillo se basó en que, incluso antes de que tomara la presidencia, la oposición en Perú intentó impedirlo, y durante el año y cuatro meses que duró su gobierno, acusó que fue víctima de constante acoso y ataques de fuerzas políticas.
Después de su arresto, el poder judicial le decretó prisión preventiva mientras lo investigada por rebelión, pero esta prisión preventiva duró más de dos años sin juicio hasta que en marzo de este año se inició el juicio por rebelión.