El Parlamento de Israel aprobó ayer una ley que autoriza la pena de muerte para palestinos condenados por asesinar a israelíes, una medida que ha recibido fuertes críticas de la comunidad internacional y grupos defensores de los derechos humanos, que la califican de discriminatoria e inhumana, y fue denunciada por la Autoridad Nacional Palestina como un intento de “legitimar las ejecuciones extrajudiciales”.
La aprobación del proyecto marcó la culminación de un impulso de años por parte de la extrema derecha de Israel para endurecer el castigo a los palestinos condenados por delitos de carácter nacionalista contra israelíes. El primer ministro y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanyahu, acudió a la Cámara para votar en persona.
La ley convierte la pena de muerte –por ahorcamiento– en el castigo por defecto para los palestinos de Cisjordania reocupada condenados por perpetrar ataques mortales considerados actos de “terrorismo”. También otorga a las cortes israelíes la opción de imponer la pena de muerte a ciudadanos israelíes condenados por cargos similares, una redacción que, según expertos legales, prácticamente limita este tipo de sentencias a ciudadanos palestinos de Israel y excluye a ciudadanos judíos.
La medida no se aplicará de manera retroactiva a ninguno de los presos que Israel mantiene detenidos actualmente, incluidos los combatientes liderados por Hamas que irrumpieron en el país el 7 de octubre de 2023, que detonó la guerra Israel contra la franja de Gaza, en la que han sido asesinados más de 72 mil palestinos.
Después de la votación final de 62-48, los legisladores ovacionaron de pie la decisión. Netanyahu, quien permaneció en su asiento, no mostró reacción ni dio declaraciones.
La legislación, que entraría en vigor en un plazo de 30 días, sin duda enfrentará impugnaciones legales que podrían frenar su implementación.
En cuestión de minutos, la Asociación por los Derechos Civiles en Israel anunció que presentó un recurso ante el máximo tribunal de Israel para impugnar la ley. Calificó la medida de “discriminatoria por diseño” y aseguró que fue promulgada “sin autoridad legal” sobre los palestinos de Cisjordania reocupada, que no son ciudadanos israelíes.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en el Territorio Palestino Ocupado pidió que se derogue la ley que establece la pena de muerte por ahorcamiento para personas culpables de asesinato terrorista en Israel.
Esto después de que el pleno de la Knéset (Parlamento israelí) aprobó, el lunes 30 de marzo, la reforma legal.
La representación de Las Naciones Unidas señaló que la nueva legislación contraviene las obligaciones internacionales de Israel al imponer castigos “crueles, inhumanos o degradantes”.
También advirtieron que la ley consolida aún más la violación por parte de Israel de la prohibición de la segregación racial y el apartheid, ya que se aplicará exclusivamente a los palestinos de la Cisjordania ocupada y de Israel, quienes a menudo son condenados tras juicios injustos.
Los ministros de Asuntos Exteriores de Australia, Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia emitieron el domingo una declaración en la que instaban al Parlamento israelí, la Knesset, a abandonar sus planes de aprobar la pena capital para aquellos palestinos condenados por terrorismo, calificándola como “discriminatoria ‘de facto'” y afirmando que la pena de muerte no es ética y no tiene “efecto disuasorio”.
La medida también ha sido condenada por varios grupos de derechos humanos por “discriminatoria e inhumana”. El Consejo de Europa ha asegurado que la aprobación de la ley “representa una grave regresión”, mientras que la Autoridad Palestina condenó la adopción de la ley, afirmando que Israel no tiene soberanía sobre la tierra palestina. “Esta ley revela una vez más la naturaleza del sistema colonial israelí, que pretende legitimar las ejecuciones extrajudiciales al amparo de la legislación”, ha añadido el Gobierno de Ramala.