El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en su lista de sanciones a figuras clave vinculadas a un grupo delictivo, entre ellos al activista Raymundo Ramos, en el que se le señalan dos casinos en Tamaulipas, un abogado de alto perfil relacionado a un grupo delictivo y a un operador de tráfico humano.
A través de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros, el gobierno estadounidense sostiene que estas personas y negocios son piezas fundamentales para el blanqueo de capitales y el control territorial en la zona.
Uno de los nombres que más impacto ha causado es el de Jesús Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
Mientras Ramos ha sido una figura visible denunciando abusos militares, Washington afirma que su labor es en realidad una fachada para proteger los intereses de grupos criminales.
Según el Tesoro, Ramos se encarga de limpiar la imagen pública de criminales y desacreditar a las fuerzas armadas para permitir la impunidad del grupo.
La investigación estadounidense señala directamente a dos centros de apuestas y a la empresa Comercializadora y Arrendadora de México como herramientas de lavado y logística criminal.