Influecers se han puesto en la mira del gobierno de Estados Unidos, tras usar las redes y su posición al servicio del crimen organizado. Su función como propagandistas y lavadores del crimen organizado no ha pasado desapercibida para el gobierno de Estados Unidos.
El fenómeno de los narcoinfluencers ya había capturado la atención estadounidense, pero el lanzamiento, en enero de este año, de volantes en Culiacán, con una lista anónima con 25 nombres de influencers, de los que seis han sido ya asesinados, generó aún mayor interés.
Por su parte, Washington mandó una señal inequívoca cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a tres mandos de un grupo delictivo y a su “asociado”.
Un influencer, que pidió el anonimato por cuestiones de seguridad, comentó a un medio que el esquema con el que operan los narcoinfluencers es “relativamente sencillo: inyectar dinero sucio para inflar cuentas con bots y granjas de clics, monetizar con cifras abultadas en YouTube, Instagram o Facebook, principalmente; y luego, una vez que pasó por el sistema financiero de alguno de estos países, le retornan una tajada al grupo delictivo ya con apariencia de ingreso lícito”.
Estados Unidos sigue con atención las acciones de la Unidad de Investigación Financiera mexicana (UIF), que abrió pesquisas sobre un bloque de 64 influencers en Sinaloa por presunto lavado a través de redes.