El gobierno de México trasladó a Estados Unidos a 37 personas identificadas como operadores de organizaciones criminales, a quienes las autoridades federales consideran una amenaza significativa para la seguridad nacional. La información fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
De acuerdo con el funcionario, la acción se llevó a cabo con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional y como parte de los esquemas de cooperación bilateral entre ambos países, subrayando que el procedimiento se realizó con respeto a la soberanía mexicana. El traslado se concretó a petición del Departamento de Justicia estadounidense, que garantizó que no se solicitará la pena de muerte para los implicados.
Los detenidos fueron enviados a distintas ciudades de Estados Unidos, entre ellas Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, mediante siete aeronaves pertenecientes a las Fuerzas Armadas mexicanas. Según García Harfuch, con esta operación suman ya 92 personas catalogadas como criminales de alto impacto que han sido enviadas al país vecino durante la actual administración.
“El objetivo es reducir la capacidad operativa de estas organizaciones y evitar que sigan generando violencia en territorio nacional”, señaló el titular de la Secretaría de Seguridad.
El gobierno federal ha precisado que este tipo de traslados no se realizan bajo el esquema tradicional de extradición, proceso en el que los acusados cuentan con recursos legales para impugnar su entrega ante el sistema judicial mexicano. En cambio, se trata de mecanismos extraordinarios sustentados en acuerdos de cooperación y seguridad entre ambos gobiernos, lo que ha generado debate entre especialistas sobre sus implicaciones legales y de derechos humanos.