El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, difundió un mensaje en español dirigido al pueblo cubano en el que responsabilizó al gobierno de la isla y al conglomerado militar GAESA de la crisis económica y energética que enfrenta cuba. El funcionario aseguró que la administración del presidente Donald Trump busca construir una nueva relación con los ciudadanos cubanos, pero sin la participación del actual gobierno.
En el video, publicado con motivo del Día de la Independencia de Cuba, Rubio afirmó que los problemas de apagones, escasez de alimentos y falta de combustible no son consecuencia del embargo estadounidense, sino de la corrupción y el control económico ejercido por las fuerzas armadas cubanas. Además, ofreció un paquete de ayuda humanitaria por 100 millones de dólares en alimentos y medicinas, condicionado a que sea distribuido por organizaciones independientes y la iglesia católica.
Marco Rubio también llamó a impulsar elecciones libres y una apertura económica en cuba, al asegurar que “lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan el país”.
También en Estados Unidos, el Departamento de Justicia presentó cargos penales contra el exmandatario cubano Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate ocurrido en 1996, incidente en el que murieron cuatro personas.
De acuerdo con autoridades estadounidenses, el exlíder cubano enfrenta acusaciones por asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves, al considerar que ordenó el ataque cuando era ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba. La acusación revive uno de los episodios más tensos entre Estados Unidos y Cuba. El 24 de febrero de 1996, aviones militares cubanos derribaron dos aeronaves civiles de la organización Hermanos al Rescate, integrada por exiliados cubanos en Miami que realizaban misiones para localizar balseros en el estrecho de Florida.
Finalmente, Donald Trump también firmó una orden ejecutiva para reforzar los controles sobre actividades financieras vinculadas con migración irregular, tráfico laboral y evasión fiscal, medida que ha generado preocupación entre organizaciones migrantes por posibles afectaciones al envío de remesas.
La orden instruye al Departamento del Tesoro y a reguladores bancarios a fortalecer los mecanismos de verificación de clientes y detectar operaciones consideradas de riesgo, incluyendo el uso de cuentas abiertas con números de identificación fiscal utilizados frecuentemente por migrantes sin estatus legal. Aunque el documento no impone directamente un nuevo impuesto a las remesas, especialistas advierten que podría endurecer los controles para transferencias internacionales de dinero y ampliar la vigilancia sobre usuarios migrantes del sistema financiero.