El Gobierno de México está analizando reforzar la demanda contra las armadoras en Estados Unidos que proveen de municiones al crimen organizado en México. La presidenta Claudia Sheinbaum fue enfática en decir que se debe investigar como llegan las armas a manos del narcotráfico.
“Estamos evaluando que la demanda contra las armadoras incluya esta parte. Es una empresa privada que comercializa estos armamentos, aunque sean del uso exclusivo del ejército de Estados Unidos. Entonces es muy importante que se investigue cómo estas armas que comercializa esta empresa privada llegan a manos de la delincuencia organizada en nuestro país”.
Esta declaración se da en el contexto de que, en días pasados, el medio estadounidense The New York Times, publicó un reportaje en el que señala que las municiones ensambladas en la armadora de Lake City en Kansas son empleadas por el crimen organizado en México.
En el mismo marco, el secretario de la Defensa Nacional detalló la cantidad de armas que han sido incautadas durante la presente administración y que más de la mitad provienen de Estados Unidos y una gran cantidad son de la armadora señalada.
“Se han asegurado 18 mil armas largas y cortas. De esas 18 mil, alrededor del 77 o 78% provienen de Estados Unidos. Hay otro tipo de armamento más letal todavía. Por ejemplo, las armas calibre 50. Se han asegurado en esta administración 215 armas calibre 50 fusiles del tipo de barrett. Lanzagranadas calibre 40, lanza cohetes 13, ametralladoras de diferentes calibres, 273”.
“Por lo que se refiere específicamente a los cartuchos calibre 50 que usted menciona desde el registro que tenemos en la Secretaría de Defensa Nacional de los cartuchos asegurados, desde el 2012 a la fecha son 137 mil cartuchos. De esos, el 47% provienen de esa empresa que han sido comercializados en las armerías del sur de Estados Unidos”.
México presentó en 2021 una demanda civil en Estados Unidos contra varios fabricantes y distribuidores de armas a quienes acusó de diseñar y comercializar sus productos de forma que facilitaban su tráfico ilegal hacia territorio mexicano y, con ello, alimentaban la violencia del crimen organizado. El gobierno mexicano buscaba indemnizaciones y cambios en las prácticas de la industria armamentista.
Sin embargo, en junio de 2025 la Corte Suprema de Estados Unidos desechó por unanimidad la demanda, al considerar que las empresas están protegidas por la ley estadounidense que limita la responsabilidad de los fabricantes de armas y que México no logró probar que las compañías hubieran colaborado intencionalmente con el tráfico ilegal.