El mapa del poder mundial ha sido redibujado en apenas una semana. La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses no es solo un cambio de régimen; es el nacimiento de la “Doctrina Donroe”, un movimiento con el que Washington busca consolidar un imperio energético “desde Alaska hasta la Patagonia” para controlar el 40% de la producción mundial. Sin embargo, tras la euforia militar en la Casa Blanca, asoma un dilema de proporciones billonarias: el petróleo ha sido tomado, pero está hipotecado, y China exige sus facturas.
El cobrador en la puerta. El control de las mayores reservas del planeta ha puesto a EEUU frente a frente con el gran acreedor del Caribe. Según el South China Morning Post (SCMP), la exposición actual en estado de “limbo” se estima en 10.000 millones de dólares, aunque otros cálculos de think tanks recogidos por el mismo medio elevan la deuda histórica a más de 60.000 millones, gran parte de ella estructurada bajo el modelo de “petróleo por préstamos”.
Pero, ¿cómo se llegó a esta suma? China necesitaba energía para su ascenso industrial y Venezuela necesitaba efectivo. Bajo esta premisa, Pekín financió ferrocarriles, plantas eléctricas y más de 600 acuerdos bilaterales. Ahora, el gran temor del gigante asiático es que el nuevo gobierno de Caracas —tutelado por la administración Trump— invoque la doctrina de la “deuda odiosa”. Como explica Cui Shoujun en SCMP, este recurso legal permitiría repudiar los préstamos alegando que el dinero de China no benefició al pueblo, sino que financió la supervivencia del régimen. Sería el “pretexto legal” perfecto para limpiar los balances antes de que las petroleras estadounidenses tomen las riendas.
La agonía de las estatales chinas y el escudo de las “Teapots”. La ansiedad en Pekín no es solo política, es corporativa. Tal como revela Bloomberg, gigantes como la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) están realizando evaluaciones de daños ante el temor de que décadas de inversiones se evaporen. No obstante, según información de Reuters, estas empresas aún operan en el país a través de empresas mixtas como Sinovensa, y controlan derechos sobre reservas que suman miles de millones de barriles.