En Bulgaria, el gobierno encabezado por el primer ministro Rosen Zhelyazkov presentó su dimisión tras menos de un año en el poder, luego de semanas de intensas protestas que exigían frenar la corrupción y corregir las políticas económicas. El anuncio llegó apenas minutos antes de que el Parlamento votara una moción de censura, y se produce a menos de tres semanas de la prevista adhesión del país a la eurozona, el próximo 1 de enero.
Miles de ciudadanos salieron a las calles de Sofía, capital de Bulgaria, y de decenas de ciudades para denunciar lo que consideran una corrupción arraigada y la incapacidad de sucesivas administraciones para combatirla. Muchos manifestantes, en su mayoría jóvenes profesionales, apoyan firmemente la integración plena de Bulgaria en Europa y exigen un Estado más transparente. Zhelyazkov reconoció que las protestas no eran simples reclamos políticos, sino un llamado social por “valores”, actitud que terminó uniendo a distintos sectores del país.
La crisis se agudizó después de que el gobierno retirara su proyecto de presupuesto para 2026 —el primero calculado en euros— tras el rechazo público a los aumentos en impuestos y aportes a la seguridad social. Ni aun así cesaron las movilizaciones, en un país que ha celebrado siete elecciones en cuatro años y vive una constante fragmentación política.
El líder opositor Asen Vassilev celebró la renuncia como “un primer paso” para normalizar la vida democrática y exigió elecciones libres y justas, sin la manipulación que denuncia en comicios recientes. Ahora, el presidente Rumen Radev deberá intentar que los partidos formen un nuevo gobierno; si fallan, nombrará un gabinete interino hasta la próxima cita electoral.
Desde la coalición saliente, el ex primer ministro Boyko Borissov defendió los avances logrados, como la entrada de Bulgaria al espacio Schengen y la preparación final para adoptar el euro, y prometió convertirse en una “oposición fuerte”.
Pese a la agitación política, el Banco Nacional de Bulgaria confirmó que la transición a la nueva moneda continúa sin cambios. Entre tensiones económicas, malestar ciudadano y un profundo desgaste institucional, el país enfrenta otro giro político en un periodo marcado por la inestabilidad.