La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, salió el pasado jueves del Centro de Orientación Femenina de Miraflores, en La Paz, tras permanecer cuatro años y ocho meses en prisión. Su liberación se produjo luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anulara la condena de 10 años que pesaba sobre ella por el caso denominado “golpe de Estado II” y ordenara su inmediata absolución.
Áñez salió acompañada de sus hijos, con una bandera de Bolivia en la mano, y declaró que en 2019 no hubo golpe de Estado, sino un fraude electoral que motivó reclamos ciudadanos por la transparencia de las elecciones. Afirmó que jamás se arrepentirá de haber servido a su país, y calificó su tiempo en prisión como “muy duro, pero formativo”, resaltando la resiliencia aprendida durante su encierro.
El Tribunal Supremo de Justicia determinó que la sucesión presidencial de 2019 no constituyó usurpación, sino un acto constitucional necesario para mantener la continuidad del Estado, señalando que Áñez no actuó con dolo ni lesionó derechos. Su liberación marca un capítulo clave en la revisión de los procesos judiciales vinculados a la crisis política que vivió Bolivia tras la renuncia de Evo Morales.