El régimen del Talibán en Afganistán promulgó el 7 de enero de 2026 un nuevo Código Penal de 119 artículos que ha provocado condena internacional por su impacto en los derechos humanos, especialmente de mujeres y niñas.
El Artículo 32 permite que un hombre golpee a su esposa e hijos siempre que no cause fracturas, lesiones o moretones visibles. Si hay marcas y la víctima logra probarlo ante un juez, la pena máxima para el agresor es de 15 días de prisión. En contraste, el Artículo 70 establece hasta cinco meses de cárcel para quienes organicen peleas de animales, lo que evidencia una sanción más severa por maltrato animal que por violencia doméstica.
El código también introduce una clasificación jerárquica de la sociedad en clérigos, élite, clase media y clase baja. Las sanciones dependerán del estatus del acusado: mientras el clero y la élite pueden recibir solo advertencias, las clases más bajas enfrentan amenazas, golpes o latigazos.
Organizaciones como el Georgetown Institute for Women, Peace and Security advierten que la normativa institucionaliza un sistema de “apartheid de género”. Activistas denuncian que el entorno legal fomenta la impunidad masculina en un país donde el 85% de la población vive con menos de un dólar al día y solo el 6% de las mujeres trabaja.
Además, reportes señalan restricciones al acceso a anticonceptivos desde 2023, amenazas a personal médico y una grave escasez de trabajadores de salud, situación que se agravó durante el terremoto del año pasado. El relator de la ONU para Afganistán calificó las implicaciones del nuevo código como “extremadamente preocupantes”, al advertir que también reintroduce referencias a la esclavitud y obliga a seguir el islam sunita, abriendo la puerta a persecución de minorías.