La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos del crimen organizado se ha convertido en una de las amenazas más graves para los derechos de la infancia en el continente americano, por lo que urgió a los gobiernos a reforzar las acciones para prevenir este fenómeno.
En el marco del Día de la Niñez y Adolescencia de las Américas, el organismo internacional señaló que esta práctica no solo continúa presente en diversos países de la región, sino que también muestra señales de expansión, afectando de manera distinta a cada territorio de acuerdo con sus condiciones sociales y de seguridad.
La CIDH explicó que los menores de edad son especialmente vulnerables en comunidades marcadas por la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y la exclusión social, escenarios que son aprovechados por organizaciones criminales para incorporarlos de manera forzada a sus actividades ilícitas.
Asimismo, advirtió que la magnitud del problema podría ser mayor a la reflejada en las estadísticas oficiales, debido a que muchos casos no son denunciados por temor a represalias o porque ocurren en zonas bajo control de grupos delictivos, donde las víctimas y sus familias enfrentan serios obstáculos para acceder a la justicia.
El organismo recordó que, de acuerdo con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, las niñas, niños y adolescentes reclutados por estructuras criminales deben ser considerados víctimas y, por tanto, recibir atención, protección y acompañamiento integral por parte del Estado.
Ante este panorama, la Comisión exhortó a los países del hemisferio a establecer estrategias coordinadas entre las instituciones de seguridad, los sistemas de justicia y las políticas de protección social para prevenir el reclutamiento infantil y garantizar la atención de quienes han sido afectados.
Además, insistió en la necesidad de que el reclutamiento forzado de menores sea tipificado como un delito autónomo en las legislaciones nacionales, acompañado de mecanismos eficaces de investigación, sanción y reparación del daño.
Finalmente, la CIDH subrayó que enfrentar esta problemática requiere fortalecer los sistemas de protección de la infancia y asegurar procesos que permitan la recuperación física, psicológica y social de las víctimas, al considerar que el reclutamiento de menores representa uno de los desafíos más urgentes para la defensa de los derechos humanos en la región.