Este próximo 26 de abril entrarán en vigor las reformas a la Constitución aprobadas por la Asamblea Legislativa de El Salvador que, entre otras medidas, incluyen la posibilidad de sentenciar a prisión perpetua a menores a partir de los 12 años.
Las modificaciones también incluyeron la Ley Orgánica Judicial, pues convierten juzgados de menores en tribunales de lo criminal, que tendrán la responsabilidad de estudiar los casos en los que aplique la cadena perpetua.
El Comité de los Derechos del Niño y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia han expresado su “profunda preocupación” ante la aprobación de estas reformas. Para estos organismos, los adolescentes en conflicto con la ley deben recibir un trato que “priorice su rehabilitación y reintegración” y que la prisión sea el “último recurso y durante el menor tiempo posible”.
Por su parte, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a las autoridades de El Salvador a “revisar con prontitud” los cambios a la Constitución que calificaron de “preocupantes” porque contradicen las normas internacionales.
El Salvador se encuentra bajo un declarado estado de emergencia desde 2022. Esto implica la suspensión de derechos constitucionales y ha permitido encarcelamientos masivos que son cuestionados por organismos internacionales. Son más de 90 mil personas las que han sido detenidas en los últimos años.