Después de años de controversia mediática y legal, Shakira consiguió una importante victoria frente a la Hacienda española, luego de que la Audiencia Nacional resolviera a su favor en la causa fiscal correspondiente al ejercicio de 2011.
De acuerdo con información difundida sobre el caso, el tribunal determinó que la cantante colombiana no debía ser considerada residente fiscal en España durante ese año, debido a que no se acreditó que hubiera permanecido en el país los 183 días requeridos por la normativa fiscal. Medios como RTVE y El País reportaron que la resolución obliga a la Agencia Tributaria a devolverle más de 60 millones de euros, incluidos intereses, aunque la sentencia aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
La resolución representa un cierre significativo para una de las batallas legales más largas que Shakira mantuvo en España. Según el comunicado compartido por su equipo, la defensa de la artista sostuvo desde el inicio que en 2011 la cantante se encontraba en medio de una intensa agenda internacional, con una gira que la llevó a distintos países, por lo que no habría cumplido el periodo necesario para tributar como residente española.
En el documento se señala que el tribunal concluyó que “esa permanencia, como la propia Administración determina, no alcanza los 183 días”, por lo que las sanciones derivadas de ese procedimiento fueron consideradas contrarias a derecho.
Además, la Audiencia Nacional también descartó que el núcleo principal de sus actividades económicas estuviera en España durante ese periodo, un punto clave dentro de la defensa de la intérprete de ‘Antología’ y ‘Monotonía’. The Guardian reportó que el tribunal sostuvo que la autoridad fiscal no logró probar que la cantante pasara más de 183 días en el país ni que tuviera vínculos económicos suficientes para ser considerada residente fiscal en 2011.
Tras conocer la sentencia, Shakira reaccionó con un fuerte mensaje en el que habló del desgaste personal que implicó el proceso legal y mediático. La artista aseguró: “Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario”.