Como resultado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), relacionadas con el homicidio de María de los Ángeles E., de 23 años de edad, así como con el delito de lesiones calificadas en agravio de Irving David C., de 20 años, la institución emitió una cédula de ofrecimiento de recompensa para quien aporte información que permita la localización y detención del probable responsable.
Derivado de los actos de investigación efectuados por la Fiscalía Regional de Zitácuaro, se logró establecer la probable responsabilidad de Carlos Alberto Anaya Florencio, elemento de la Guardia Civil del Estado de Michoacán comisionado a Tránsito Municipal, en los delitos de homicidio calificado, en agravio de María de los Ángeles E., así como de lesiones calificadas, en perjuicio de Irving David C.; hechos ocurridos el el pasado 7 de diciembre.
De acuerdo a constancias de la carpeta, el día en cita y tras una persecución, en la calle Guillermo Prieto, casi esquina con Pípila, el investigado -quien se encontraba en un punto de revisión- presuntamente accionó un arma de fuego en contra de la pareja, provocando la muerte de la mujer y lesiones al hombre.
Posteriormente, el servidor público se retiró del lugar de los hechos, regresó al punto del operativo inicial y, más tarde, se dirigió a su base sin informar lo ocurrido a sus superiores, abandonando su arma y su servicio. Desde ese momento, se desconoce su paradero.
Por lo anterior, y en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el Fiscal General, Carlos Torres Piña, firmó el acuerdo 23/2025, mediante el cual se establece una recompensa de hasta 100 mil pesos para quien proporcione información veraz, útil y oportuna que permita la ubicación, localización y detención del investigado.
Carlos Alberto Anaya Florencio, de 30 años de edad, es de complexión media, tez morena clara, cabello lacio, nariz mediana, orejas medianas y frente amplia
La información podrá ser proporcionada de manera directa ante la Fiscalía General del Estado o a través de los canales oficiales señalados en la cédula correspondiente, garantizando en todo momento la confidencialidad del informante.
La FGE, en coordinación con autoridades estatales y federales, mantiene acciones operativas permanentes para lograr la detención del probable responsable y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.