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Padres de familia piden cuentas claras a comité y dirección por gastos sospechosos en kínder de Tapachula

Un padre de familia del Jardín de Niños “Felipe Carrillo Puerto” de Tapachula, perteneciente a la zona escolar 012, denunció irregularidades administrativas y falta de transparencia en el manejo de las cuotas escolares por parte del Comité de Padres de Familia y la misma dirección del plantel.

 Exigimos la comprobación física y documental de los gastos realizados durante el actual ciclo escolar, ya que sospechamos que se han realizado gastos sobrevalorados y sin justificación.

Alfonso Wong Solís, / Tutor del preescolar Felipe Carrillo Puerto. 

Entre las irregularidades denunciadas se encuentran el pago de materiales de oficina con dinero de las cuotas, cuando estos rubros deberían ser cubiertos por el presupuesto oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

A través de un oficio formal entregado a la dirección y con copia a diversas autoridades educativas, exigió la comprobación física y documental de los gastos realizados durante el actual ciclo escolar, pero hasta el momento la respuesta es negativa.

Aunque se presentan “cortes de caja” en las juntas, estos carecen de respaldo con facturas reales y muestran una evidente sobrevaloración en la compra de insumos, me niegan mi derecho de petición.

Además, señaló a entrega de “apoyos económicos” anuales a la supervisión escolar.

Los padres de familia han solicitado una junta extraordinaria para que se presenten los documentos que respalden los gastos, incluyendo el inventario físico de los artículos adquiridos, notas de venta y facturas originales de proveedores, estados de cuenta bancarios y el padrón real de alumnos inscritos.

Los padres de familia han hecho un llamado enérgico a la Mtra. María Concepción Martínez Rodríguez, directora del plantel, y a la Mtra. Anita Espinoza Cruz, supervisora de la zona 012, para que dejen de obstaculizar el derecho de petición de los tutores. Advierten que, de no haber transparencia, llevarán las pruebas ante la Secretaría de la Función Pública y la Defensoría de los Derechos Humanos para fincar responsabilidades legales por el manejo de estos recursos particulares.