La presidenta señaló que, si la auditoría detecta posibles delitos, el caso deberá turnarse a la Fiscalía General de la República. En respuesta al CCE, defendió la autonomía del INE, pero sostuvo que debe responder a la voluntad popular y no a los intereses de las élites.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar las cuentas del Instituto Nacional Electoral (INE) y determinar si existen elementos para presentar denuncias por posibles irregularidades en las contrataciones realizadas durante la gestión de Guadalupe Taddei.
Durante la Mañanera del Pueblo de este martes, la mandataria explicó que la auditoría está en curso y que se ampliará la revisión a ejercicios anteriores a 2023, además de reforzar la fiscalización de ese año a la fecha.
Ante los llamados de legisladores que han solicitado llevar a prisión a la expresidenta del organismo electoral, Sheinbaum sostuvo que primero deben concluir las investigaciones y, en función de sus resultados, seguir los procedimientos legales correspondientes.
Precisó que, si se identifican posibles responsabilidades penales, el expediente deberá remitirse a la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que las faltas administrativas corresponderán a las instancias competentes en esa materia.
La presidenta subrayó que será la autoridad fiscalizadora la que determine si existen elementos para proceder, y no mediante señalamientos anticipados.
En otro momento de la conferencia, Sheinbaum respondió al posicionamiento del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que se pronunció a favor de preservar la independencia del INE.
La mandataria hizo un recuento de las reformas electorales y sostuvo que la democracia mexicana es resultado de décadas de lucha de distintos movimientos sociales y políticos, no de la concesión de las élites económicas o políticas.
Recordó la elección presidencial de 1988, en la que participó Cuauhtémoc Cárdenas, y cuestionó a un sector de intelectuales que, afirmó, modificó sus respaldos políticos conforme cambiaron los gobiernos.
También retomó las declaraciones del expresidente Vicente Fox, quien en una entrevista reciente aseguró haber intervenido para que Felipe Calderón ganara la elección presidencial de 2006.
Sheinbaum cuestionó que Fox hablara de la sucesión presidencial como si se tratara de una empresa y criticó su visión de la política como un negocio. En contraste, reivindicó la soberanía nacional y recordó que, de acuerdo con el artículo 39 constitucional, el poder público dimana del pueblo.
En su respuesta al sector empresarial, la presidenta aseguró que su gobierno busca un Instituto Nacional Electoral fuerte y autónomo, pero insistió en que su función debe ser garantizar la representación y la voluntad popular, no responder a los intereses de grupos que, según dijo, se apropiaron de los espacios de decisión del organismo.
“Queremos un Instituto Nacional Electoral fuerte, que responda a la voluntad del pueblo”, sostuvo.
La discusión coloca nuevamente en el centro del debate público la relación entre autonomía electoral, fiscalización de los recursos públicos y la exigencia de rendición de cuentas sobre el funcionamiento del organismo encargado de organizar las elecciones en México.