Autoridades federales y estatales implementan una estrategia integral para regular la actividad porcícola en Yucatán, reforzar la vigilancia ambiental, sancionar incumplimientos y reparar daños en los casos que corresponda. Las acciones también contemplan mejorar el tratamiento de aguas residuales, reducir emisiones contaminantes y atender las denuncias de las comunidades.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que durante 2025 y 2026 ha realizado 18 inspecciones a granjas porcícolas en municipios como Maxcanú, Temax, Tixkokob, Chocholá, Kopomá y Abalá. Como resultado, se han impuestos medidas correctivas, una clausura total definitiva y multas acumuladas por 105.8 millones de pesos, correspondientes a procedimientos iniciados en años anteriores.
Uno de los casos es el de Pecuaria Peninsular, en Santa María Chi, clausurada definitivamente el 4 de septiembre de 2025 y sancionada con una multa de 18.6 millones de pesos, además de la obligación de reparar los daños ambientales. En abril de 2026 concluyó el retiro de los 41 mil 570 cerdos que permanecían en sus instalaciones. Actualmente, las autoridades evalúan las afectaciones al agua y al suelo para determinar las medidas de restauración necesarias.
En materia de aguas residuales, 11 de las 14 granjas propias de Kekén avanzan en la instalación de sistemas complementarios de tratamiento, mientras que las tres restantes ya cuentan con ellas en funcionamiento. El plazo para concluir estos trabajos es marzo de 2027. Además, 39 de las 56 granjas que operan bajo el esquema de aparcería han presentado proyectos de mejora que se encuentran en evaluación. En conjunto, Kekén y sus aparceras concentran el 80 por ciento de la producción porcícola estatal.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático trabaja con especialistas y representantes de la industria en propuestas para reducir emisiones de metano y aprovechar fuentes de energía. Las autoridades también coordinan la evaluación del impacto ambiental de las granjas y señalan que no se ha autorizado la construcción ni operación de nuevas instalaciones porcícolas en la entidad.
La estrategia, en la que participan la Profepa, Semarnat, Conagua, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Inecc y la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán, busca que las granjas cumplan con la normativa ambiental, reparen los daños identificados y atiendan las afectaciones denunciadas por las comunidades, con énfasis en la protección del agua, los ecosistemas y la salud pública.