El Gobierno de México otorgó un plazo de 30 días a las plataformas digitales para informar sobre las medidas que implementarán para proteger a niñas, niños y adolescentes de contenidos y prácticas que puedan poner en riesgo su integridad.
El decreto establece obligaciones relacionadas con la clasificación y verificación de edad, la configuración de privacidad y seguridad, las herramientas de control parental y los mecanismos para denunciar contenidos dañinos.
Entre los riesgos que se busca atender están la explotación sexual, el acoso digital, la violencia escolar, los contenidos relacionados con el suicidio y las autolesiones, así como el material sexual explícito.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que las empresas deberán informar sobre el cumplimiento de estas disposiciones. En caso de ser necesario, el Gobierno impulsará modificaciones legales para establecer sanciones.