El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma que busca poner un alto a las llamadas comerciales y publicitarias insistentes que los consumidores no hayan autorizado. Con 96 votos a favor, el dictamen modifica la Ley Federal de Protección al Consumidor y propone multas de entre 56 mil 570 pesos y más de 2 millones 345 mil pesos para las empresas que incumplan.
La iniciativa establece que, cuando una persona manifieste que no desea recibir publicidad, las compañías deberán respetar esa decisión y no podrán insistir mediante llamadas u otros medios de comunicación. Además, las empresas serán responsables incluso si contratan a terceros para realizar estas llamadas.
La medida también busca fortalecer la protección de los datos personales utilizados con fines comerciales, ante un problema que, según datos citados de Truecaller, representa entre 20 y 25 llamadas spam mensuales por usuario en México.
Actualmente, las sanciones pueden rondar apenas los 760 pesos, por lo que el cambio representaría un aumento considerable.
La propuesta fue presentada por la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón en octubre de 2025 y ahora será enviada a la Cámara de Diputados. Por el momento, las nuevas multas todavía no están vigentes: primero deben continuar y concluir el proceso legislativo.
De aprobarse, las empresas enfrentarían sanciones mucho más severas por ignorar la negativa de los consumidores y utilizar sus datos para realizar llamadas comerciales de manera reiterada.