En Chiapas suman 24 mil 510 las personas que han sido identificadas como víctimas de Desplazamiento Forzado Interno (DFI), de acuerdo con registros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), organismo que advierte que la falta de una atención integral mantiene en condiciones de vulnerabilidad a las comunidades afectadas.
El desplazamiento representa para las familias la pérdida temporal o permanente de sus hogares, tierras, bienes y fuentes de sustento, además de afectar sus redes comunitarias. El Frayba señala que entre los sectores con mayores impactos se encuentran mujeres, niñas, niños y personas adultas mayores, quienes enfrentan condiciones particulares durante el periodo de desplazamiento.
Entre los casos documentados recientemente se encuentra el de familias del ejido Nueva Independencia, en Ángel Albino Corzo, que salieron de su comunidad entre la segunda mitad de 2024 y los primeros meses de 2025, en un contexto de violencia que, según el organismo, se intensificó después de las elecciones municipales. También mantiene registrados desplazamientos en Nueva Palestina y Lacanjá Chansayab, en Ocosingo, además del ocurrido en febrero de 2026 en el ejido Jotolá, Chilón, donde integrantes del Congreso Nacional Indígena permanecen desplazados.
El organismo de derechos humanos pidió que el desplazamiento forzado no sea reducido únicamente a cifras, debido a las consecuencias sociales, económicas y comunitarias que enfrentan las víctimas. Ante este panorama, planteó la necesidad de fortalecer la atención a las personas desplazadas y establecer condiciones que permitan un eventual retorno seguro, digno y con garantías de respeto a sus derechos humanos.
