La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles la iniciativa de la Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental, que será enviada a la Cámara de Diputados para su discusión.
La propuesta busca fortalecer las capacidades del Estado mexicano para proteger, conservar y restaurar el medio ambiente y los recursos naturales, así como responder a los desafíos ambientales actuales.
Durante la conferencia matutina, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, explicó que la nueva legislación plantea una relación distinta entre el desarrollo, el bienestar, la prosperidad y la naturaleza.
La funcionaria señaló que es necesario actualizar el marco legal debido a los cambios que han ocurrido en las últimas décadas y a la aparición de nuevos desafíos ambientales, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de los océanos y las costas.
La nueva propuesta sustituiría y actualizaría un marco normativo que tiene cerca de cuatro décadas, con una visión que, de acuerdo con el gobierno federal, busca ser más humanista y cercana a las comunidades.
El nuevo marco incorpora herramientas para atender los retos ambientales actuales, dar mayor certeza jurídica a las comunidades y a las inversiones, e integrar avances científicos, tecnológicos y de innovación junto con los saberes ancestrales.
La iniciativa también fortalece la participación ciudadana y busca garantizar el derecho a un medio ambiente sano, así como el acceso a la información y a la justicia ambiental.
Diez principios para orientar la política ambiental
La nueva ley plantea diez principios para orientar la política ambiental del país.
Entre ellos se encuentra el reconocimiento del patrimonio natural como fundamento de la vida, la prosperidad y el bienestar, así como el principio de que no puede haber justicia social sin justicia ambiental.
También propone priorizar la prevención antes que la reparación, conservar y restaurar los ecosistemas para construir futuro, sustentar las decisiones en el conocimiento y gestionar el territorio junto con las comunidades y bajo una visión de largo plazo.
A estos principios se suman el impulso de una cultura ambiental, la transición de una economía basada en desechar recursos hacia otra que los aproveche, la protección de las personas defensoras de la naturaleza y el reconocimiento del patrimonio biocultural como una responsabilidad compartida.
De las sanciones a la prevención
Uno de los cambios centrales de la propuesta es modificar el enfoque de la política ambiental.
La secretaria Alicia Bárcena explicó que la intención es avanzar de un modelo centrado principalmente en las sanciones hacia uno que priorice la prevención y la responsabilidad de quienes desarrollen grandes proyectos.
La iniciativa plantea que los proyectos de gran impacto realicen una evaluación estratégica ambiental antes de su ejecución.
Además, se busca evitar la fragmentación de proyectos para analizarlos de manera aislada cuando, en conjunto, puedan generar transformaciones importantes en una zona o región.
La propuesta también contempla acciones para impulsar la restauración de ecosistemas y fortalecer la protección de quienes defienden la naturaleza.
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el objetivo de la iniciativa es fortalecer las capacidades del Estado mexicano para proteger, cuidar, conservar y restaurar el medio ambiente y los recursos naturales.
La iniciativa será enviada a la Cámara de Diputados, donde será discutida por el Poder Legislativo. Será el Congreso el que determine si se realiza un ejercicio de parlamento abierto para analizar la propuesta con la participación de distintos sectores.
Con este nuevo marco legal, el gobierno federal busca actualizar la política ambiental del país frente a desafíos cada vez más complejos y fortalecer la protección y restauración del medio ambiente con una mayor participación de las comunidades.