Guanajuato, Guanajuato. En sesión pública, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), resolvió un juicio de la ciudadanía y un procedimiento especial sancionador.
En el juicio TEEG-JDC-12/2026, el regidor de Dolores Hidalgo C.I.N.[1], Gabriel Mata González, denunció que las respuestas que recibió a distintas solicitudes de información —dirigidas a personas servidoras públicas del ayuntamiento — afectaban su derecho a ejercer el cargo, pues le impedían realizar sus funciones de fiscalización y vigilancia.
Por unanimidad, el Tribunal determinó que no hubo obstáculos para que el regidor hiciera su trabajo, ya que no se le negó el acceso a la información, esta se puso a su disposición para consultarla directamente. Que no se le entregara de la forma en que la pidió no significó una limitación para realizar sus labores.
Sin embargo, para garantizar de manera más amplia su derecho de acceso a la información, el Tribunal ordenó a las autoridades responsables entregarle una reproducción de la versión pública de lo que pidió.
Por otra parte, el procedimiento TEEG-PES-14/2026 se inició después de que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato avisó a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del IEEG, sobre una denuncia por violencia política contra las mujeres en razón de género, relacionada con una presidenta municipal.
Por unanimidad, el Tribunal determinó que sí existió la violencia denunciada, únicamente en tres publicaciones hechas en Facebook desde el perfil “Alfredo Canchola”, pues consideró que las expresiones usadas ahí reproducían estereotipos de género y afectaban la imagen, la autoridad y el derecho de la alcaldesa a ejercer su cargo.
Por esta razón, se impuso al autor una amonestación pública y se ordenó su inscripción, durante un año y seis meses, en los Registros Estatal y Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Además, se establecieron diversas medidas de reparación del daño y de no repetición: ofrecer una disculpa pública de viva voz, mediante un video visible durante veintiún días en el mismo perfil de la red social; abstenerse de reproducir expresiones estereotipadas o sexualizadas y acreditar capacitación para contribuir a la eliminación de la violencia contra las mujeres.
En la sesión pública participaron Yari Zapata López, magistrada presidenta del Tribunal y titular de la Segunda Ponencia; Juan Antonio Macías Pérez, magistrado titular de la Primera Ponencia; Pablo Roberto Sharpe Calzada, magistrado titular de la Tercera Ponencia; así como Alejandro Javier Martínez Mejía, secretario general.