Integrantes de la organización “Mujeres por una Justicia Social” se manifestaron para exigir al Fiscal General del Estado que les brinde seguridad y apoyo para tomar posesión de un predio que les fue otorgado hace varios años.
Se trata de una fracción del predio el Alazán. Denunciaron que el terreno ha sido invadido y vendido por particulares, pese a existir una sentencia judicial a su favor.
Isabel Méndez Hernández, presidenta de la organización Mujeres por una Justicia Social”.
“Lamentablemente hay unas personas que han vendido, que han dado posesión a gente que no le corresponde el predio: don Urbano, doña Ruby Delia, el señor Juan y don Joel. Estas personas se han apoderado del predio, lo han vendido”.
Señaló que el predio beneficiaría a 500 familias de colonias como El Edén, Los Reyes, Cafetales y Santa María la Rivera. La mayoría son jefas de familia y adultos mayores que no han podido acceder a programas de vivienda como CONAVI por no cumplir con requisitos laborales.
Recordó que en 2022 el conflicto derivo en un proceso penal de casi 3 años. Aunque hubo reparación del daño y una orden del juez para que desalojaran, los señalados hacen caso omiso y siguen en el lugar.
“Nos lesionaron, nos robaron. Hubo un proceso penal de casi tres años. La misma sentencia les dijo que no pueden estar en el predio, más sin embargo hacen caso omiso. Nosotras no queremos tener otro accidente igual”
Las mujeres pidieron la intervención directa del Fiscal General para garantizar su integridad. Aseguran que ya hay carpetas de investigación y registros de agresiones, pero no ven avances.
“Necesitamos que nos voltee a ver, que nos atienda para que nos dé la seguridad para tomar posesión. Son 500 familias necesitadas que queremos un patiecito. CONAVI pide muchos requisitos que no tenemos”
Agregó que por el conflicto no ha avanzado la introducción de servicios públicos. Solo hay 10 familias posesionadas y pidieron reacomodarlas para que las 500 familias beneficiadas puedan acceder a su derecho de un patrimonio.