La investigación por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, registró un nuevo avance con la detención de Jovany “N”, alias “La Muñeca”, identificado por las autoridades como uno de los presuntos responsables de coordinar la logística del atentado. La captura se realizó en el municipio de Yautepec, Morelos, como resultado de un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Durante su detención le fueron asegurados un arma corta, una báscula gramera y diversas dosis de droga.
De acuerdo con las investigaciones, Jovany “N” presuntamente formaba parte de la estructura criminal encargada de planear el ataque ocurrido el 20 de mayo de 2025 sobre Calzada de Tlalpan. Las autoridades sostienen que el atentado no fue un hecho improvisado, sino una operación planeada durante al menos 20 días, en la que participaron labores de vigilancia, seguimiento a las víctimas, renta de inmuebles, adquisición de vehículos, manejo de teléfonos celulares y coordinación logística para facilitar la huida de los agresores. Hasta el momento se han cumplimentado 11 órdenes de aprehensión, 10 personas han sido vinculadas a proceso por delitos como homicidio, feminicidio y asociación delictuosa agravada, además de otras personas procesadas por actividades relacionadas con la operación del grupo criminal.
Aunque las autoridades consideran que esta detención representa uno de los avances más importantes del caso, la investigación aún no concluye. El Gobierno capitalino mantiene como prioridad identificar a los autores intelectuales y esclarecer el móvil del crimen, un aspecto que sigue sin conocerse públicamente. El caso continúa siendo uno de los más sensibles para la seguridad de la Ciudad de México, ya que evidenció la capacidad de un grupo delictivo para ejecutar un ataque altamente planeado contra funcionarios de alto nivel, lo que ha reabierto el debate sobre la inteligencia policial, la infiltración del crimen organizado y los mecanismos de protección para servidores públicos.