Más de 20 organizaciones que integran la Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social (ANICS), fundada hace poco más de dos años, denunciaron que los sectores agrícolas, campesinos y pueblos originarios por décadas se han visto abandonados y como consecuencia “hay un campo olvidado, se depende en gran medida de las importaciones y las asambleas ejidales han perdido su importancia”.
José Jacobo Femat, presidente nacional de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares y miembro de la coordinación nacional de la ANICS, señaló que falta una política pública que garantice un desarrollo rural a mediano y largo plazo, puesto que “se dejó de dar créditos, no hay aseguradoras ni precios justos ni asistencia técnica ni construcción de infraestructura, lo que contribuye a la dependencia extranjera de alimentos”.
Durante un foro, al que acudieron miembros de comunidades indígenas de Chiapas, estado de México, Morelos, Durango, Guerrero, entre otros, reiteraron la importancia de devolver el valor a las asambleas ejidales, pues con la privatización del ejido, “ya no se nos toma en cuenta en los municipios ni los estados”.
Para ellos, la asamblea ya no tiene ningún poder social, “sólo sellar permisos de venta o de renta de tierras, de traspasos, de avecindados o bienes comunales”.
Antes, recordaron, las autoridades ejidales podían atender la problemática social. “Desde el trabajo comunitario, el tequio, para resolver problemas de caminos, de trazos, de limpieza de campos, de construcción de edificios públicos de la comunidad u otras obras de infraestructura, hoy no se puede hacer eso”, lamentaron.
Consideraron que debe reformarse el artículo 27 constitucional, en donde haya un reconocimiento “explícito” de la propiedad social para ejidos, comunidades agrarias y pueblos indígenas, así como revertir la dependencia agroalimentaria provocada por reformas neoliberales impulsadas tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, ahora Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (Tmec).
Además, insistieron que el tratado comercial “no ha sido benéfico para el país en términos de soberanía alimentaria”, pues se importa más del 50 por ciento de los alimentos.
Añadieron que el campo mexicano está en desventaja, porque las empresas transnacionales no pagan el impuesto sobre el producto de trabajo realizado en el país, “porque el Tratado de Libre Comercio prohíbe que haya doble tributación, y prefieren hacerlo en los países de origen”.