Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos dio luz verde al gobierno del presidente Donald Trump para ampliar la aplicación de las deportaciones aceleradas, una medida que permite expulsar a ciertos migrantes sin que sus casos sean revisados por un juez de inmigración.
La decisión representa un importante respaldo a la política migratoria de la administración Trump, que busca endurecer los controles y agilizar la expulsión de personas que se encuentran en el país sin documentos legales.
Con esta autorización, las autoridades migratorias podrán aplicar el procedimiento en una mayor parte del territorio estadounidense a migrantes que no logren demostrar que han residido de manera continua en el país durante al menos dos años.
Los defensores de la medida sostienen que ayudará a reducir la carga del sistema migratorio y permitirá una respuesta más rápida ante la inmigración irregular. Sin embargo, organizaciones de derechos civiles han expresado preocupación por el riesgo de que algunas personas sean deportadas sin tener acceso adecuado a la defensa legal o a un proceso judicial completo.
Grupos de apoyo a los inmigrantes señalaron que continuarán impulsando acciones legales para impugnar la expansión de las deportaciones aceleradas, al considerar que podría afectar garantías fundamentales de debido proceso.
La resolución judicial se produce en medio de un intenso debate nacional sobre la política migratoria y el papel de las autoridades federales en el control de la inmigración en Estados Unidos.