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Organizaciones civiles exigen al Gobierno publicar reglamento de la Ley de Alimentación Adecuada

Más de 170 organizaciones de la sociedad civil, junto con cerca de 300 personas académicas, especialistas y defensoras de derechos humanos, urgieron a la Secretaría de Salud a publicar el Reglamento de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible (LGAAS), cuya emisión acumula más de un año de retraso.

Representantes de diversas agrupaciones acudieron este lunes a las oficinas de la dependencia federal para entregar, a través de la Oficialía de Partes, un pronunciamiento en el que demandan que el Gobierno federal deje de aplazar este proceso y cumpla con una obligación prevista en la legislación.

Las organizaciones señalaron que, a más de dos años de que la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible entró en vigor, la falta de un reglamento ha impedido la puesta en marcha de instrumentos institucionales necesarios para garantizar el derecho de la población a una alimentación saludable, suficiente y sostenible.

En el documento entregado, las y los firmantes también solicitaron que, además de emitir el reglamento, se implementen acciones concretas que permitan hacer efectiva la aplicación de la ley en todo el país.

Óscar Reséndiz, integrante de la organización El Poder del Consumidor, afirmó que la entrega del posicionamiento busca evitar que el proceso continúe postergándose, al recordar que la publicación del reglamento representa una responsabilidad legal del Estado y una condición indispensable para que millones de personas puedan ejercer plenamente su derecho a la alimentación.

Las organizaciones advirtieron que la ausencia de este instrumento normativo retrasa la ejecución de políticas públicas contempladas en la legislación y limita la coordinación entre las instituciones encargadas de atender la seguridad alimentaria en México.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades federales para atender la demanda y emitir el reglamento a la brevedad, con el fin de avanzar en la implementación de una política pública que garantice el derecho humano a la alimentación adecuada.