El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, solicitó al Congreso local una licencia temporal para separarse de su cargo y participar en el proceso interno de Morena para definir a quien encabezará la elección de gobernador de 2027. La petición contempla una ausencia de hasta 45 días a partir del 22 de junio.
Torres Piña aseguró que su salida temporal no afectará el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado, ya que las investigaciones y tareas de procuración de justicia continuarán bajo la conducción del vicefiscal Israel Vega, quien quedaría como encargado de despacho. El fiscal fue designado para un periodo de nueve años en julio de 2025, por lo que ahora corresponderá al Congreso de Michoacán resolver si aprueba o no la licencia solicitada.
La presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Puebla, Guadalupe Lucero Bárcenas, denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte y responsabilizó a Pedro Flores Romero, alias “El Peye”, identificado como líder del grupo criminal Los Rojos, así como a María de Jesús Ocampo Álvarez, de cualquier atentado en su contra, contra su familia o contra habitantes del municipio. La alcaldesa afirmó que la organización busca generar inestabilidad e ingobernabilidad en la región.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, Bárcenas sostuvo que detrás de la tensión política y social que vive actualmente Acatlán de Osorio existe una estrategia para desestabilizar al gobierno municipal. También aseguró que la Secretaría de Marina mantendrá presencia en el municipio para reforzar la seguridad y proteger a la población.
El caso ocurre en una región de la Mixteca poblana donde Los Rojos han mantenido presencia durante años. Este grupo criminal surgió como una escisión de los Beltrán Leyva y ha sido señalado por autoridades federales por actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión y control territorial en zonas de Puebla, Guerrero y Morelos.
Nuevos enfrentamientos entre grupos armados fueron reportados en comunidades de la sierra de Coyuca de Catalán, en la región de tierra caliente de Guerrero. Habitantes de localidades como Zihaquio alertaron sobre detonaciones de armas de alto poder y movimientos de civiles armados, en una zona donde desde hace meses persiste la disputa entre organizaciones criminales por el control territorial.
Pobladores han denunciado ataques, bloqueos carreteros y desplazamientos de familias, además de solicitar la presencia permanente del ejército y la guardia nacional para reforzar la seguridad en las comunidades serranas. Tras los nuevos reportes, autoridades federales y estatales mantuvieron operativos de vigilancia en la zona mediante fuerzas del ejército, guardia nacional y policía estatal. El gobierno de guerrero informó que continúa el despliegue de seguridad para atender cualquier situación de riesgo y proteger a la población.