Con el firme objetivo de robustecer las acciones de búsqueda, identificación humana y el acompañamiento directo a las familias de personas desaparecidas, la diputada María Soledad Amieva Zamora presentó una iniciativa para reformar la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla.
La propuesta plantea el fortalecimiento de los Registros Estatales de Personas Desaparecidas, de Fosas, de Personas Fallecidas y No Identificadas, así como del Banco Estatal de Datos Forenses, bajo criterios de interoperabilidad, actualización permanente, trazabilidad y coordinación institucional para agilizar el intercambio de información entre las autoridades competentes.
Dentro de los planteamientos clave se encuentra la creación de un área especializada de coordinación interinstitucional en la Comisión de Búsqueda para eficientar la comunicación con la Fiscalía General del Estado, el Instituto de Ciencias Forenses y los Ayuntamientos. Asimismo, propone consolidar mecanismos de profesionalización para los equipos especializados y garantizar la participación efectiva de familiares y colectivos bajo principios de accesibilidad, trato digno, confidencialidad y respeto a los derechos humanos, señalando que las familias no buscan privilegios, sino verdad y justicia.
Por otra parte, la legisladora presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal encaminada a impulsar la capacitación y certificación de competencias laborales de las y los servidores públicos que desempeñan funciones estratégicas en los Ayuntamientos.
La propuesta establece que quienes ocupen cargos en la Secretaría del Ayuntamiento, la Tesorería Municipal, las áreas de seguridad pública y las áreas responsables de elaborar los Planes Municipales de Desarrollo deban contar con una certificación vigente emitida por entidades acreditadas y reconocidas oficialmente.
Amieva Zamora destacó que los municipios representan el orden de gobierno más cercano a la ciudadanía y tienen bajo su responsabilidad servicios esenciales como agua potable, alumbrado y recolección de residuos. Por ello, explicó que esta medida busca dotar de certeza jurídica a los procesos de profesionalización del servicio público municipal, promoviendo mejores prácticas de gestión, planeación, transparencia y rendición de cuentas, transformando la capacitación técnica en una obligación directa con la sociedad para elevar la eficiencia de los servicios públicos.