El Pleno de la LXV Legislatura aprobó como asunto de urgente resolución dos Minutas con proyecto de decreto por las que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma del Poder Judicial.
Durante la madrugada de este viernes, con 26 votos a favor y 7 votos en contra, las y los diputados aprobaron la Minuta Constitucional que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Carta Magna en materia del Poder Judicial, la cual establece que la segunda elección popular de jueces y magistrados, tanto a nivel federal como local, se realizará el domingo 4 de junio de 2028 y no en 2027, como originalmente se había proyectado.
La reforma también contempla un rediseño en el sistema de selección de candidaturas, fortaleciendo los mecanismos de evaluación de aspirantes y reduciendo el número de candidaturas que aparecerán en las boletas electorales.
Asimismo, se crea una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los comités evaluadores de los tres poderes de la Unión, cuya función será analizar y, en su caso, aprobar los criterios de evaluación, además de verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las personas aspirantes.
Entre los cambios aprobados también destaca la posibilidad de reelección por un nuevo periodo de seis años para las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La reforma incorpora además la aplicación de exámenes de conocimientos, metodologías unificadas y filtros técnicos más estrictos para quienes aspiren a cargos judiciales. De igual manera, establece como requisito la acreditación de una certificación de competencias emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial (ENFJ).
En materia de participación ciudadana, se adecua el marco jurídico relacionado con los procesos de revocación de mandato, a fin de que estos se lleven a cabo de manera concurrente con las elecciones ordinarias federales o locales del año en que se celebre el proceso revocatorio.
De acuerdo con lo expuesto durante la sesión, la reforma busca fortalecer los mecanismos para que la ciudadanía se exprese con eficacia institucional, consolidando un Poder Judicial con mayor legitimidad, cercano a la ciudadanía y capaz de garantizar una justicia pronta, completa, imparcial y profesional.