La Fiscalía General de la República, en coordinación con la Secretaría de Seguridad, aseguró más de un millón de litros de probable hidrocarburo durante un cateo realizado en un predio del municipio de Cadereyta, Nuevo León. El operativo se llevó a cabo tras labores de inteligencia que permitieron identificar el inmueble como un posible punto de almacenamiento de combustible de procedencia ilícita.
Durante la acción fueron asegurados aproximadamente 671 mil litros de posible hidrocarburo, 400 mil litros de otro líquido color negro y amarillo, además de tractocamiones, autotanques, cubitanques, silos de almacenamiento, motobombas, montacargas y otros equipos. La FGR informó que tanto el predio como los bienes asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, para las investigaciones.
Comuneros de la comunidad indígena de Pómaro, en el municipio de Aquila, en Michoacán, bloquearon la carretera federal 200 y realizaron quema de vehículos para exigir justicia por el asesinato de dos autoridades comunales y un profesor, ocurrido en una emboscada sobre el tramo carretero Colola-Maruata. La protesta afectó la circulación en la zona costera que conecta Michoacán con Colima.
De acuerdo con reportes locales, las víctimas fueron identificadas como Jerónimo García Flores, asesor jurídico de la comunidad; Lucas Flores Tolentino, tesorero comunal; y un docente que viajaba con ellos cuando fueron atacados por hombres armados. Los manifestantes señalaron que la movilización responde no sólo a los homicidios, sino también a la preocupación por la violencia que enfrenta la región. Hasta este viernes por la tarde, el bloqueo mantenía cerrados diversos puntos de la carretera costera y las autoridades continuaban con las investigaciones sobre el ataque.
El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad una reforma a la Ley de Educación local para que se diseñen e implementen protocolos de prevención, actuación y atención ante casos de violencia contra docentes. La medida surge luego de que entre 2015 y 2025 se reportaran mil 184 agresiones contra maestras y maestros en escuelas de la capital, incluyendo violencia física, psicológica, simbólica y digital.
La reforma establece que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación deberá elaborar estrategias y mecanismos de protección para el personal docente frente a agresiones provenientes de estudiantes, madres, padres de familia o cualquier integrante de la comunidad escolar. Además, los protocolos deberán ser difundidos y estar disponibles para toda la comunidad educativa. Durante la discusión, legisladores señalaron que proteger al magisterio es fundamental para garantizar entornos escolares seguros y fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje.