* Hidalgo reporta 120 casos de gusano barrenador y prevén erradicación a largo plazo
Autoridades sanitarias de Hidalgo confirmaron alrededor de 120 casos de gusano barrenador en ganado, principalmente en municipios de la Huasteca, lo que mantiene en alerta al sector pecuario. Especialistas señalaron que la erradicación total de la plaga podría tomar varios años debido a su rápida propagación y a las condiciones climáticas favorables para el insecto.
Productores y autoridades reforzaron campañas de vigilancia, control sanitario y aplicación de tratamientos en animales afectados para evitar mayores pérdidas económicas. Además, México mantiene cooperación internacional y estrategias como la liberación de moscas estériles para contener el avance de esta plaga en distintas regiones del país.
* AIFA alerta por cierres viales rumbo al Mundial 2026
El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles alertó a pasajeros y automovilistas por cierres parciales y afectaciones viales en el Circuito Exterior Mexiquense debido a obras de infraestructura rumbo al Mundial 2026. Los trabajos se realizan principalmente entre la plaza de cobro Tultepec y la autopista México-Pachuca, por lo que autoridades pidieron anticipar traslados hacia la terminal aérea.
Como alternativas, autoridades recomendaron utilizar rutas como la autopista México-Pachuca, la vía Tonanitla y accesos por Tecámac, además de considerar transporte público hacia el AIFA. Los cierres buscan mejorar la conectividad y movilidad para la llegada de visitantes durante la Copa del Mundo.
* SCJN determina que pensión por viudez no puede cancelarse tras 10 años
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la pensión por viudez no puede suspenderse por límites de tiempo establecidos en contratos internos o reglamentos institucionales. El fallo surgió tras el caso de una persona a quien le retiraron el beneficio después de 10 años, situación que la Corte consideró contraria al derecho constitucional a la seguridad social.
La resolución también establece que las aportaciones destinadas a vivienda deben ser reconocidas y devueltas cuando exista ese derecho. Con este criterio, la SCJN reiteró que las instituciones públicas no pueden imponer restricciones que reduzcan derechos relacionados con pensiones y protección social.