Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, fue detenido en Estados Unidos y ya compareció ante una corte federal de Manhattan, acusado de colaborar con “Los Chapitos” en operaciones de narcotráfico, protección institucional y tráfico de armas, en un caso que involucra a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.
El Gabinete de Seguridad federal confirmó este viernes que Mérida Sánchez ingresó a territorio estadounidense el pasado 11 de mayo desde Hermosillo, Sonora, cruzando por la garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia del Servicio de Marshals de Estados Unidos. “El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gabinete de Seguridad, mantiene comunicación institucional con las autoridades estadounidenses, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional”, señaló el gabinete en redes sociales.
El exfuncionario compareció inicialmente ante una corte federal en Tucson, Arizona, y posteriormente fue trasladado al Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta cargos por conspiración para importar narcóticos, así como posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos explosivos. De acuerdo con la acusación presentada por el Departamento de Justicia estadounidense el pasado 29 de abril, Mérida Sánchez habría recibido sobornos mensuales superiores a 100 mil dólares por parte de “Los Chapitos” a cambio de alertarlos sobre operativos y redadas contra laboratorios clandestinos de droga.
Según la investigación estadounidense, el exsecretario de Seguridad de Sinaloa habría advertido al grupo criminal sobre al menos 10 operativos realizados entre 2023 y 2024, permitiendo mover droga, personal y equipo antes de la llegada de las autoridades. Mérida encabezó la Secretaría de Seguridad estatal entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, periodo marcado por un fuerte incremento de la violencia en Sinaloa, desapariciones y enfrentamientos entre facciones del crimen organizado.
El caso forma parte de una acusación inédita presentada por fiscales federales de Nueva York contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza Cázarez; el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; además de mandos policiacos, funcionarios de la fiscalía estatal y exjefes de investigación. Las autoridades estadounidenses sostienen que la red operó brindando protección política y operativa al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y apoyo electoral.
Entre los acusados también aparecen Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefes de la Policía de Investigación; José Antonio Dionisio Hipólito, exmando de la Policía Estatal; y Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán. Algunos enfrentan además cargos relacionados con secuestro y homicidio.
La detención de Mérida Sánchez ocurre en medio de las tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos derivadas de las acusaciones contra funcionarios sinaloenses y de la presión del gobierno estadounidense contra el tráfico de fentanilo. La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que cualquier proceso debe sustentarse con pruebas suficientes y ha rechazado que existan elementos concluyentes contra integrantes de Morena.
Destaca que durante su comparecencia ante la Corte Federal de Manhattan, funcionarios judiciales confirmaron que Gerardo Mérida rechazó las acusaciones en su contra.
En el mismo caso también se reveló que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, también se entregó. De acuerdo con reportes difundidos, Díaz Vega se presentó voluntariamente ante autoridades estadounidenses en Europa y también forma parte de los 10 funcionarios y exfuncionarios acusados por la Fiscalía de Nueva York de presuntamente colaborar con “Los Chapitos”.
Antes de incorporarse al gabinete sinaloense, Enrique Alfonso Díaz Vega desarrolló actividades empresariales en el sector privado y tuvo participación en distintos proyectos financieros en la entidad. De acuerdo con la acusación estadounidense, Díaz Vega habría fungido como intermediario político y financiero entre integrantes del gobierno de Sinaloa y la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Fiscales de Estados Unidos sostienen que presuntamente ayudó a facilitar protección institucional, filtración de información y apoyo político a cambio de sobornos. Además, reportes periodísticos señalan que autoridades estadounidenses detectaron un crecimiento patrimonial relevante durante su paso por el gobierno estatal, incluyendo adquisiciones inmobiliarias millonarias.