Como parte de la estrategia federal para frenar el alza en los combustibles, la Procuraduría Federal del Consumidor (Procuraduría Federal del Consumidor) informó que más del 75 por ciento de las gasolinerías supervisadas entre el 13 y el 24 de abril realizaron ajustes en sus precios tras operativos de verificación en distintas entidades del país.
De acuerdo con la dependencia, durante ese periodo se inspeccionaron 107 estaciones de servicio en todo México, con excepción de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo. Como resultado, 81 establecimientos modificaron sus costos para alinearse al precio máximo pactado entre el Gobierno federal y empresarios del sector gasolinero.
La medida forma parte del acuerdo impulsado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de evitar incrementos excesivos que afecten directamente el bolsillo de las familias mexicanas.
Además de los ajustes voluntarios, Profeco colocó lonas de advertencia en 18 estaciones donde detectó márgenes de ganancia considerados excesivos. En estos casos, los consumidores pudieron leer el mensaje: “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios”, una acción que busca exhibir públicamente a quienes no respetan los acuerdos establecidos.
En este contexto, la noche del martes, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a partir de la próxima semana el precio del diésel tendrá un tope máximo de 27 pesos por litro, como parte de un nuevo entendimiento alcanzado con empresarios gasolineros, instituciones financieras y autoridades federales.
Según el Gobierno de México, esta decisión busca reforzar las acciones para mantener estables los precios de los energéticos y reducir el impacto económico en los hogares, especialmente en sectores productivos que dependen del transporte de mercancías.
Asimismo, se informó que continuará la aplicación de estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), además de que se trabaja en la disminución de comisiones por pagos realizados con tarjetas bancarias, vales y otros medios electrónicos, con el fin de reducir costos operativos para las estaciones de servicio y facilitar el cumplimiento del acuerdo.
Las autoridades señalaron que estas medidas forman parte de una política de vigilancia permanente para evitar abusos y garantizar precios justos en el mercado de combustibles.