Docentes jubilados y pensionados insitucionales de la sección 7 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) en Chiapas se manifestaron este día para exigir el pago inmediato de bonos de jubilación pendientes desde hace ocho años. Señalaron que el retraso ha deteriorado su estabilidad económica, pues dependen de esos recursos para salud y alimentación.
Belisario González López, representante de la delegación D-IV-27 de Tuxtla Chico, denunció que los ex docentes fueron excluidos del más reciente pago.
Injustamente nos dejaron fueron del pago del bono, por ello, estamos pidiendo la intervención de las autoridades en este caso municipales para que vean que si estamos vivos”.
Belisario González López, representante de la delegación D-IV-27 de Tuxtla Chico.
Aunque el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar autorizó presupuesto para 10 mil docentes, solo una minoría recibió el apoyo.
Dionisio Rodríguez Villalobos, secretario general de la D-IV-64, recordó que los bonos se entregaban regularmente desde la administración de Juan Sabines Guerrero, pero se detuvieron en años posteriores.
“Más de 9 mil maestros seguimos sin recibir el bono. Pedimos la intervención de las autoridades para que constaten que existimos y que entregamos décadas de servicio al estado. El gobernador autorizó presupuesto para 10 mil docentes, pero solo una minoría lo ha recibido”.
Otro reclamo central es el cambio en el esquema de cálculo de pagos: se sustituyó el salario mínimo por la Unidad de Medida y Actualización, UMA. La modificación redujo significativamente el monto de las prestaciones, afectando el ingreso real.
“Estos bonos se otorgaban de forma regular desde la administración de Juan Sabines Guerrero, pero el proceso se detuvo. Durante el periodo de Rutilio Escandón se hicieron trámites sin concretar los pagos correspondientes a adeudos desde 2017”.
Dionisio Rodríguez Villalobos, secretario general de la delegación D-IV-64 
Criticaron la gestión del exgobernador Rutilio Escandón Cadenas y de la entonces secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, por realizar trámites y actos protocolarios sin concretar pagos de adeudos desde 2017.
Solicitaron al gobierno municipal fungir como enlace ante autoridades estatales para agilizar la liberación de recursos. Insisten en que el cambio a UMA ha mermado sus pensiones y exigen solución inmediata.