Abogados en temas migratorios de la frontera sur de Chiapas denunciaron “tortuguismo” en trámites por instituciones como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Instituto Nacional de Migración, lo que ocasiona que la ley migratoria no se cumpla.
Los abogados creen que el retraso puede deberse a que las autoridades no quieren que Tapachula sea un “paraíso migratorio”, con trámites rápidos. Pero insisten: la ley es clara y se viola constantemente. El juez federal, encargado de resolver los amparos, está siendo permisivo.
“Para eso está el amparo. El mismo juez federal está siendo muy permisivo, no aplica las multas ni las medidas de apremio y deja que las autoridades hagan lo que no deben, violando la Constitución que es donde están los derechos humanos. La ley se debe cumplir. Todo lo que pasa en México es porque hay permisibilidad”.
José Galdámez Peregrino / Pdte Colegio de Abogados de Inmigración AC.
La COMAR y el INM están rebasadas por el flujo migratorio por el mismo “tortuguismo” de los funcionarios. Aseguró que las leyes están bien hechas, existe la figura del asilo, la visa humanitaria y la residencia permanente. El problema, es que las autoridades retrasan los procedimientos y violan los términos legales de forma constante.
“Las instituciones están bien fincadas y las leyes están bien hechas. Lo que no podemos descifrar es por qué las autoridades retrasan los procedimientos violando constantemente los términos. Hay 45 días para dar la residencia y llega a 450 días sin entrevista de elegibilidad”.
Explicó que cuando promueven un amparo, las autoridades federales y migratorias hacen caso omiso, pese a las multas y apercibimientos. Esa lentitud, es ya una constante que empuja a los migrantes a buscar otras alternativas.
“Los migrantes al ver que no logran una situación legal en México, buscan otras alternativas. Se vuelven presa de organismos delincuenciales. Son presas de documentos falsos en su afán de legalizarse y por el tortuguismo de las autoridades. Al final están peor que antes”.
Los abogados en la Frontera Sur, piden que el juez federal haga valer la ley y frene la permisibilidad. Mientras, los migrantes siguen en la fila y en riesgo de caer en manos de coyotes o grupos delincuenciales.