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Sierra Papacal | Gobierno afirma que indemnización por tierras expropiadas fue pagada desde 1993

El Gobierno del Estado informó que la indemnización por las tierras ejidales expropiadas en Sierra Papacal, comisaría de Mérida, fue cubierta en su totalidad desde 1993, en respuesta a las recientes manifestaciones registradas en la comunidad.

De acuerdo con la información oficial, el proceso de expropiación inició en 1990, cuando se solicitó a la entonces Secretaría de la Reforma Agraria la incorporación de terrenos ejidales para el desarrollo de infraestructura destinada al abastecimiento de agua potable.

Posteriormente, en 1992, mediante resolución presidencial, se concretó la expropiación de 223-69-16 hectáreas por causa de utilidad pública, con el objetivo de destinarlas a la zona de captación del sistema que abastece a los puertos de Chuburná y Chelem.

Según los registros, la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales determinó el monto de la indemnización con base en el valor comercial de la tierra, estableciendo un total de 357 millones 906 mil 506 pesos por la superficie expropiada.

El Ejecutivo estatal señaló que, conforme a documentación del Fondo de Fomento para la Infraestructura Agraria (Fifonafe), el pago fue realizado en 1993 a favor de los ejidatarios, con constancia de al menos 128 beneficiarios que recibieron la compensación y que continúan inscritos en el padrón ejidal.

En este contexto, autoridades estatales indicaron que las inconformidades recientes no obedecen a una falta de atención institucional, y destacaron que se han mantenido canales de diálogo con la comunidad.

Como parte de estas acciones, se han realizado 13 reuniones formales, tanto en Palacio de Gobierno como en el propio ejido, con la participación de instancias estatales, federales y representantes locales, en las que se han abordado temas relacionados con el uso de tierras, infraestructura hidráulica y desarrollo regional.

El Gobierno estatal reiteró que continuará privilegiando el diálogo y el apego al marco legal, al tiempo que subrayó la importancia de garantizar la continuidad de servicios públicos esenciales, como el suministro de agua potable en la región.