Lo que para muchos migrantes es una ciudad de paso, para miles de cubanos se ha convertido en una “ciudad cárcel”. La crisis humanitaria en la frontera sur de México tiene un nuevo episodio: a la falta de documentos legales para trabajar se suma ahora un bloqueo financiero para los migrantes cubanos que les impide cobrar las remesas enviadas por sus familias desde los Estados Unidos.
Según datos de organismos migratorios, el flujo de ciudadanos cubanos deportados desde territorio estadounidense hacia México ha crecido exponencialmente. Debido a que el gobierno de Cuba se niega a recibir a muchos de sus nacionales, estos son enviados a México bajo la figura de “tercer país seguro”.
Se estima que semanalmente ingresan a la región vía deportación entre 240 y 250 cubanos en esta condición. Estos hombres y mujeres llegan obligados, sin conocer el terreno y sin una red de apoyo, sumándose a los miles que ya esperan una resolución de la COMAR que parece no llegar.
La denuncia más recurrente entre la comunidad cubana en el Soconusco es la imposibilidad de acceder a sus propios recursos. A pesar de que sus familiares en EE. UU. realizan los envíos a través de canales legales, los bancos en Tapachula (específicamente instituciones como Banorte) están negando el pago de manera sistemática.
“Nos tienen presos, no tenemos un papel ni permiso para trabajar. Fui al banco a cobrar un dinero que me mandó mi familia y me dijeron que a los cubanos no nos dejan cobrar”, denunció Herminio Machado Sánchez, migrante que refleja el sentir de cientos de compatriotas.
Esta restricción bancaria, que ocurre incluso cuando el dinero ya ha sido transferido, deja a los migrantes sin capacidad de pago para renta o alimentos, agravando la saturación de los espacios públicos.
Sin una identificación oficial reconocida por el sistema financiero mexicano y sin el permiso de trabajo del INM, la comunidad cubana deportada de Estados Unidos se enfrenta a una sentencia de calle. “Yo fui deportado de Estados Unidos para acá, porque Cuba no nos quiso, pero sin una identificación para poder cobrar mi dinero, ahora mismo estamos viviendo en la calle, sin poder trabajar”.
La falta de voluntad política para otorgar identificaciones transitorias está convirtiendo a Tapachula en un embudo humano donde la voluntad de trabajar se estrella contra la burocracia y la exclusión financiera.