La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó reformas legales que amplían las sanciones contra menores de edad involucrados en delitos graves como homicidio, violación y terrorismo, en el marco de la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele.
Las modificaciones contemplan la ampliación de penas dentro del sistema penal juvenil, permitiendo castigos más prolongados para adolescentes que cometan delitos de alto impacto. Aunque no se establece formalmente la cadena perpetua para menores, las nuevas disposiciones acercan las sanciones a las aplicadas a personas adultas.
Estas reformas se enmarcan en la política de combate a las pandillas implementada por el gobierno salvadoreño, la cual ha incluido medidas como el régimen de excepción y detenciones masivas en los últimos años, con el objetivo de reducir los índices delictivos en el país.
Organismos defensores de derechos humanos han expresado preocupación por el impacto de estas decisiones en la población juvenil, al advertir posibles afectaciones al debido proceso y a los derechos de niñas, niños y adolescentes, especialmente en contextos de detención y juzgamiento.