Con el objetivo de proteger la estabilidad financiera y operativa de las empresas en la región, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) emitió un llamado urgente al sector industrial para regularizar su situación hídrica y ambiental.
La advertencia surge ante la intensificación de procesos de inspección federal que podrían derivar en sanciones económicas superiores a los 3 millones de pesos.
Maestra Mónica de Jesús Pérez Morales, Vicepresidenta Nacional de Desarrollo Sustentable de CANACINTRA, señaló que, la cámara inició una cruzada informativa para que los afiliados cuenten con información rigurosa y exacta sobre el cumplimiento normativo.
“Estamos proporcionando herramientas técnicas para que el sector industrial en Chiapas esté preparado ante cualquier acto de autoridad por parte de CONAGUA o PROFEPA.
Maestra Mónica de Jesús Pérez Morales, Vicepresidenta Nacional de Desarrollo Sustentable CANACINTRA. 
Durante su intervención en la sede local, la especialista en desarrollo sustentable, dijo que el desconocimiento de la ley no exime a las empresas de su responsabilidad. El costo del incumplimiento es altísimo relacionadas con concesiones para uso y aprovechamiento de agua y permisos de descarga de aguas residuales en un cuerpo de agua nacional.
“Hablamos de multas que pueden ir de miles hasta millones de pesos, poniendo en riesgo la viabilidad de las plantas”.
Aunque la región de Chiapas no se encuentra dentro de las cuencas prioritarias de saneamiento del centro del país (como el Río Santiago o Lerma), la zona no está exenta de la verificación del cumplimiento. El sector industrial, al igual que los municipios, tiene la responsabilidad ética y legal de tratar sus aguas residuales.
La Vicepresidenta Nacional destacó que se lleva un compromiso firme para dar seguimiento en la Ciudad de México a las solicitudes y trámites rezagados de los industriales de la región, a fin de tener un desarrollo sustentable del sureste mexicano.