La empresa Meta Platforms, propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp, fue condenada a pagar 375 millones de dólares tras ser declarada responsable de dañar la salud mental de menores y exponerlos a riesgos de explotación sexual. El veredicto fue emitido en Santa Fe luego de casi siete semanas de juicio.
El fallo, firmado por el juez federal Bryan Biedscheid, marca un precedente en la regulación de las grandes plataformas digitales. El jurado determinó que la compañía, dirigida por Mark Zuckerberg, incurrió en prácticas engañosas y “inconscientes”, al priorizar sus ganancias sobre la seguridad de los usuarios menores de edad.
Durante el proceso, fiscales estatales demostraron que Meta realizó declaraciones falsas sobre la seguridad de sus plataformas y que sus sistemas facilitaron la interacción de menores con depredadores sexuales. Las pruebas incluyeron documentos internos, así como testimonios de exempleados y especialistas, que evidenciaron fallas estructurales en el diseño de sus aplicaciones.
Asimismo, se acreditó que la empresa desarrolló mecanismos orientados a generar adicción en jóvenes y los expuso a contenido nocivo, como trastornos alimentarios y autolesiones. La demanda fue presentada en 2023 por el fiscal general Raúl Torrez, quien acusó a la compañía de ocultar información sobre los riesgos conocidos de sus productos.
El jurado impuso la sanción máxima permitida por la ley: 5 mil dólares por cada violación, aplicada a 37 mil 500 usuarios menores en Nuevo México. Aunque la cifra es inferior a los 2 mil 100 millones de dólares solicitados inicialmente, el caso se convierte en el primero en el que un estado logra responsabilizar judicialmente a una gran empresa tecnológica por daños a menores.
Organizaciones como ParentsSOS calificaron el fallo como un momento crucial en la rendición de cuentas de las grandes tecnológicas. En tanto, Meta anunció que apelará la decisión, al asegurar que continuará defendiendo sus políticas de seguridad en línea.
El proceso aún no concluye. En una segunda fase, prevista para mayo, se determinará si la empresa deberá financiar programas públicos de protección infantil y aplicar cambios en sus plataformas, como verificación de edad y mayores controles contra depredadores.
Este caso se suma a otros litigios en curso en Estados Unidos y ha sido comparado con los juicios contra las tabacaleras en la década de los 90, marcando un posible cambio de rumbo en la supervisión de la industria tecnológica.